8 de enero de 2020

POR QUÉ ESTA CAMPAÑA

“NUESTRO MÉDICO SE QUEDA” es una campaña abierta a todas aquellas asociaciones, ayuntamientos o entidades locales, grupos políticos…, en definitiva, a toda persona o institución que quiera defender nuestra dignidad, exigiendo que se retire el documento marco publicado por la JCyL que anuncia el nuevo modelo de atención sanitaria en el medio rural. 
Se trata de un modelo terriblemente agresivo contra nuestros pueblos y los entornos rurales de Castilla y león, basado en la supresión de la asistencia sanitaria ordinaria (esto es, en horario semanal preestablecido), que será sustituida por atención a demanda o cita concertada. Es decir, ya no tendremos en la inmensa mayoría de nuestros consultorios locales a médicos y enfermeras en su horario semanal, sino que sólo se desplazarán previa cita o a petición del paciente.                                                                                                                 De llevarse a cabo, supondría un golpe cruel, un castigo injusto y una maniobra brutal contra nuestros pequeños municipios, los más vulnerables y los que sin duda sufren mayor abandono institucional. Paradójicamente, es justo lo contrario que debe hacerse para luchar contra la despoblación.

El documento, publicado en la web de la Junta de Castilla y León en noviembre de 2019, proclama que su objetivo es “agrupar consultorios”, tal y como se indica en el apartado denominado Organización de la atención primaria. El documento lo muestra literalmente en los dos primeros puntos de su capítulo 3.a (pág.6), donde se detallan las acciones organizativas:

·       “Concentrar la asistencia médica en el Centro de salud y en un número pequeño de Consultorios locales, que pasarán a denominarse Consultorio Local de Agrupación (CRA).”

·       “El resto de consultorios pasarán a denominarse Consultorios de Proximidad (C-PROX). La atención en estos Consultorios de Proximidad se realizará en función de las necesidades sanitarias de la población, bien a petición de los usuarios o bien por iniciativa de los profesionales.”

En definitiva, la JCyL anuncia la supresión de las consultas sanitarias con horario preestablecido en la inmensa mayoría de los consultorios locales (todos aquéllos que pasarán a denominarse C-PROX); dicho de otro modo, médicos/as y enfermeros/as ya no tendrán horario de atención ordinaria en la mayor parte de las poblaciones rurales de Castilla y León (el propio documento reconoce que esta situación afectará a casi todos los núcleos rurales de Castilla y León, al indicar que los CRA, donde sí existirá horario de atención ordinaria, serán un “número pequeño”).

Por otro lado, da la sensación de que la JCyL se empeña en confundir a los ciudadanos ya que, tras dejar claro su propósito de suprimir el horario ordinario de atención sanitaria en la mayor parte de nuestro territorio, dice que “la frecuencia de la atención en los Consultorios de Proximidad se determinará en base a varios parámetros: población con Tarjeta Individual Sanitaria asignada, estratificación poblacional, epidemiología y existencia de farmacia, entre otros.”

Cada frase del documento marco da más miedo que la anterior, sobre todo por la evidente discriminación que suponen estos criterios para los pequeños núcleos de población rurales, ésos que tanto mencionan quienes gobiernan la JCyL cuando esgrimen su compromiso contra la despoblación de nuestro medio rural.

En su evidente estrategia de confusión, la JCyL redunda en que el horario de atención ordinaria se sustituirá por “las citas concertadas en todos los consultorios locales, tanto a demanda, a través del sistema de cita previa, como la concertada con el profesional.”

Así pues, el médico de familia “se desplazará al consultorio de proximidad, con la periodicidad que se establezca en cada caso, siempre y cuando exista una necesidad asistencial sentida por las personas interesadas (cita previa a demanda) o detectada por el profesional, médico o de enfermería (cita concertada)”, lo mismo que sucederá con la atención del personal de enfermería.

En conclusión, médicos y enfermeras desaparecen de la consulta ordinaria de la mayoría de nuestros pueblos, reduciéndose el uso de los consultorios a la atención a demanda.

Con ello, desaparece una de las referencias necesarias (seguramente la mayor) para la habitabilidad de nuestro medio rural, al despojar a las localidades más pequeñas y vulnerables de Castilla y León (por cierto, las más numerosas, las que cada día custodian la mayor parte de nuestro territorio) del servicio esencial que supone para nuestros vecinos saber que en determinadas momentos de la semana pueden acudir a su consultorio para ver a su médico o enfermera por motivos de salud, y que allí los encontrará. Se nos arrebata la seguridad de contar con una atención fija, cercana y segura, fingiendo que sustituirla por visitas bajo demanda mejorará la asistencia. Se condena a la población, muy especialmente a las personas mayores y a quienes padecen enfermedades crónicas, a la incertidumbre que supone perder la atención sanitaria ordinaria en su propio territorio. Con la peor de las mentiras, la del cínico, la de quien distorsiona la realidad para facilitar sus pretensiones, se nos ofrece como un caramelo el peor de los venenos. Se condena a nuestro medio rural y sus pobladores a otra situación más de falta de equidad e injusticia social.

Tal vez lo más sangrante de esta agresión institucional sea que se permitan decir que no se cerrará ningún consultorio local. ¡Faltaría más! Los consultorios locales son propiedad de los ayuntamientos, y no de la JCyL. Pero si nos despojan de su sentido, del personal sanitario en horario ordinario, serán otra cosa, pero no consultorios médicos.

La estrategia de la Junta de Castilla y León es evidente: consciente de su patética falta de gestión de la sanidad rural durante tantos años, de la pérdida de profesionales que ha provocado su dejadez, de su incapacidad para convocar las plazas necesarias y para dotar a nuestros territorios del personal adecuado. Quienes gobiernan nuestra comunidad autónoma comienzan a dejar claro que lo que pretenden es quitarse el problema de encima, reduciendo la asistencia sanitaria rural a situaciones de urgencia. Por supuesto, desde la plataforma “NUESTRO MÉDICO SE QUEDA”, no estamos dispuestos ni a consentirlo ni a callarnos.

En el capítulo 4 del documento lo dejan claro: “Se trata de pasar de una organización que se fundamenta en la asignación de una demarcación territorial asistencial a un profesional, a una organización que se fundamenta en la asignación de un cupo poblacional asistencial a cada profesional.”