“NUESTRO MÉDICO SE QUEDA” es una campaña abierta a todas
aquellas asociaciones, ayuntamientos o entidades locales, grupos políticos…, en
definitiva, a toda persona o institución que quiera defender nuestra dignidad,
exigiendo que se retire el documento marco publicado por la JCyL que anuncia el
nuevo modelo de atención sanitaria en el medio rural.
Se trata de un modelo terriblemente agresivo contra nuestros
pueblos y los entornos rurales de Castilla y león, basado en la supresión de la
asistencia sanitaria ordinaria (esto es, en horario semanal preestablecido),
que será sustituida por atención a demanda o cita concertada. Es decir, ya no
tendremos en la inmensa mayoría de nuestros consultorios locales a médicos y
enfermeras en su horario semanal, sino que sólo se desplazarán previa cita o a
petición del paciente.
De llevarse a cabo, supondría un golpe cruel, un castigo
injusto y una maniobra brutal contra nuestros pequeños municipios, los más
vulnerables y los que sin duda sufren mayor abandono institucional.
Paradójicamente, es justo lo contrario que debe hacerse para luchar contra la
despoblación.
El documento, publicado en la web de la Junta de Castilla y
León en noviembre de 2019, proclama que su objetivo es “agrupar consultorios”,
tal y como se indica en el apartado denominado Organización de la atención
primaria. El documento lo muestra literalmente en los dos primeros puntos de su
capítulo 3.a (pág.6), donde se detallan las acciones organizativas:
“Concentrar la asistencia médica en el Centro de salud y en
un número pequeño de Consultorios locales, que pasarán a denominarse
Consultorio Local de Agrupación (CRA).”
“El resto de consultorios pasarán a denominarse Consultorios
de Proximidad (C-PROX). La atención en estos Consultorios de Proximidad se
realizará en función de las necesidades sanitarias de la población, bien a
petición de los usuarios o bien por iniciativa de los profesionales.”
En definitiva, la JCyL anuncia la supresión de las consultas
sanitarias con horario preestablecido en la inmensa mayoría de los consultorios
locales (todos aquéllos que pasarán a denominarse C-PROX); dicho de otro modo,
médicos/as y enfermeros/as ya no tendrán horario de atención ordinaria en la
mayor parte de las poblaciones rurales de Castilla y León (el propio documento
reconoce que esta situación afectará a casi todos los núcleos rurales de
Castilla y León, al indicar que los CRA, donde sí existirá horario de atención
ordinaria, serán un “número pequeño”).
Por otro lado, da la sensación de que la JCyL se empeña en
confundir a los ciudadanos ya que, tras dejar claro su propósito de suprimir el
horario ordinario de atención sanitaria en la mayor parte de nuestro
territorio, dice que “la frecuencia de la atención en los Consultorios de
Proximidad se determinará en base a varios parámetros: población con Tarjeta
Individual Sanitaria asignada, estratificación poblacional, epidemiología y
existencia de farmacia, entre otros.”
Cada frase del documento marco da más miedo que la anterior,
sobre todo por la evidente discriminación que suponen estos criterios para los
pequeños núcleos de población rurales, ésos que tanto mencionan quienes
gobiernan la JCyL cuando esgrimen su compromiso contra la despoblación de
nuestro medio rural.
En su evidente estrategia de confusión, la JCyL redunda en
que el horario de atención ordinaria se sustituirá por “las citas concertadas
en todos los consultorios locales, tanto a demanda, a través del sistema de
cita previa, como la concertada con el profesional.”
Así pues, el médico de familia “se desplazará al consultorio
de proximidad, con la periodicidad que se establezca en cada caso, siempre y
cuando exista una necesidad asistencial sentida por las personas interesadas
(cita previa a demanda) o detectada por el profesional, médico o de enfermería
(cita concertada)”, lo mismo que sucederá con la atención del personal de
enfermería.
En conclusión, médicos y enfermeras desaparecen de la
consulta ordinaria de la mayoría de nuestros pueblos, reduciéndose el uso de
los consultorios a la atención a demanda.
Con ello, desaparece una de las referencias necesarias
(seguramente la mayor) para la habitabilidad de nuestro medio rural, al
despojar a las localidades más pequeñas y vulnerables de Castilla y León (por
cierto, las más numerosas, las que cada día custodian la mayor parte de nuestro
territorio) del servicio esencial que supone para nuestros vecinos saber que en
determinadas momentos de la semana pueden acudir a su consultorio para ver a su
médico o enfermera por motivos de salud, y que allí los encontrará. Se nos
arrebata la seguridad de contar con una atención fija, cercana y segura,
fingiendo que sustituirla por visitas bajo demanda mejorará la asistencia. Se
condena a la población, muy especialmente a las personas mayores y a quienes
padecen enfermedades crónicas, a la incertidumbre que supone perder la atención
sanitaria ordinaria en su propio territorio. Con la peor de las mentiras, la
del cínico, la de quien distorsiona la realidad para facilitar sus
pretensiones, se nos ofrece como un caramelo el peor de los venenos. Se condena
a nuestro medio rural y sus pobladores a otra situación más de falta de equidad
e injusticia social.
